Dos días después de la aprobación de Hidroaysén (2011), la que desató masivas protestas ciudadanas en el país, el Senado aprobó la adhesión de Chile al UPOV 91, un tratado internacional que regula el derecho de propiedad sobre las semillas. Algo así como un reglamento de propiedad intelectual.

A pesar de que casi no fue cubierto por los medos tradicionales, la aprobación generó un inmenso rechazo en el mundo indígena y diversas organizaciones sociales, mientras que fue apoyado por empresarios semilleros, el gobierno y facultades de Agronomía, como la de la UC, que emitió un comunicado a favor del proyecto. Si embargo, el UPOV 91 todavía no se aplica, porque falta aprobar la ley que permite adecuar las leyes chilenas a sus reglas y de esa manera ponerlo en práctica. Lo anterior lo vendría a hacer la llamada Ley de Obtentores Vegetales, la que todavía duerme en el Congreso.

A pesar de la alarma que causó el tema, Chile ya había adherido al UPOV en 1996, a la versión anterior de la recientemente aprobada, denominado UPOV 78, con su ley respectiva que todavía rige. Según ella, y como la mayoría de las cosas hoy en día, las semillas en Chile tienen dueño, y ese dueño es, por lo general, la empresa que las patenta. Así, se necesita la autorización de dicho dueño para comercializarlas. Si alguien es sorprendido utilizando semillas que no compró formalmente o no tiene la licencia de uso, simplemente el SAG se las puede confiscar. Pero hay una excepción a la regla, ya que si un campesino compra semillas, una vez que coseche podrá volver a plantar las semillas todas las veces que quiera, pero no podrá transferirlas ni venderlas. Por ejemplo, no hay problema en que el agricultor venda el tomate cultivado, siempre y cuando no haga lo mismo con las semillas. En caso de no adquirir las semillas legalmente, le pueden confiscar sólo las semillas, no la cosecha.

Por otro lado el UPOV 91, más específicamente la Ley de Obtentores que lo aplicaría, extiende la protección sobre la cosecha también. Si una persona ocupa semillas sin comprarlas, le podrán quitar las semillas y la cosecha. Además, si alguien le quiere vender a un supermercado sus productos, por ejemplo, se le exigirá el papel que certifique que las semillas fueron compradas legalmente. Según el SAG, si se compran las semillas necesarias para plantar 5 hectáreas, al año siguiente el agricultor sólo podrá volver a cultivar 5 hectáreas y no más, o sino deberá pagar extra. Según dicen en la misma institución, la ley también permitiría vender a la persona la cosecha de dichas 5 hectáreas, pero no más, y solo si fueron adquiridas correctamente.

Es posible que después del rechazo que provocó la adhesión al nuevo tratado en su tiempo, además de las protestas por Hidroaysén, movimiento estudiantil, la creciente disconformidad social y, de suponer lo más importante para el gobierno, las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, no quieran agitarlas aguas con la Ley de Obtentores que haría efectivo el UPOV 91, por lo que es de esperar que siga durmiendo en el Congreso sin ninguna urgencia.
Las voces en contra de la estructura de propiedad de las semillas en el país son diversas, pero no suelen tener mucha cabida en los grandes medios. Por su parte, las empresas productoras de semillas tienen gran influencia. Basta pensar que el padre de Ena Von Baer, vocera de gobierno al momento de la aprobación del UPOV 91, es dueño de Semillas Von Baer, empresa que se dedica a comercializar semillas y a producir transgénicos.
Registrar una variedad de semilla es complejo y caro, ya que se debe respaldar que es nueva, homogénea, estable y diferenciada. Esa información se debe presentar ante el SAG, institución que lleva el registro de todas las semillas en el país, y que además se encarga de fiscalizar el respeto de la propiedad de las mismas. Para cumplir los requisitos se necesita un respaldo científico, de laboratorio, capacidades que escapan de las comunidades indígenas y pequeños campesinos. Además, como golpe de gracia, se debe pagar por registrar.

Por otro lado, las variedades de semillas registradas en el país son altamente desiguales, en el sentido de que la gran mayoría está patentado por empresas de origen extranjero, y muy pocas por el INIA, el instituto de Investigación Agropecuario, el representante del Estado en todo. Vale decir que en el SAG no hay registros de semillas por parte de comunidades indígenas y pequeños campesinos.
Las diversas asociaciones que se oponen a la legislación actual de las semillas, como a las normas que instalaría el UPOV 91, sostiene que no va acorde a la historia. Durante miles de años ha sido el libre intercambio de semillas y su manipulación natural lo que ha permitido desarrollar y expandir por el mundo las especies que conocemos hoy, labor en la que las etnias originarias han sido fundamentales y gracias a ellas conocemos y se conservan diferentes especies.
Otro punto en conflicto es que las especies patentadas por las empresas semilleras suelen verse expuestas a diferentes químicos, ya sea en las plantaciones o para su comercialización. No son orgánicas. Lo que comemos en el supermercado o compramos en las ferias, donde mucha gente piensa que los productos son más “naturales”, son productos que se han visto expuestos a algún tipo de químicos como insecticidas u otros. Esos tomates y paltas perfectas de los súper y las ferias tienen la ayuda de químicos o alguna manipulación no natural. La comida orgánica puede ser más fea, pero su sabor y variedad es insuperable. Lamentablemente la oferta es increíblemente desigual, siendo caro y escaso los productos orgánicos, a menos que se planten por uno mismo.

Otro tema son los transgénicos, productos manipulados genéticamente. Por ejemplo, a un tomate que se le insertan genes de pescado para que soporte mejor el frío. A pesar de que su comercialización está prohibida en Chile, sí se permite su cosecha para la exportación. El problema está que en el tratamiento de las semillas y cosechas transgénicas se utilizan agroquímicos a los cuales muchos estudios han sindicado como perjudiciales para la salud humana. Muchas de las empresas semilleras que cuentan con registros de semillas en el SAG también se dedican a los transgénicos (como la del padre de la senadora designada Ena Von Baer). Quizás la cara más visible de esto a nivel mundial es Monsanto, que en Chile opera a través de Anasac para registrar semillas. Si alguien piensa que McDonald es el Cuco, claramente no ha escuchado sobre Monsanto, la que ha enfrentado diversos juicios en Europa y Estados Unidos (y ha perdido varios) por sus consecuencias en la salud de las personas. Además de que sus productos han sido prohibidos en ciertos lugares.

En el fondo todo el problema parece ser un tema de opciones. Chile busca convertirse en una potencia alimentaria, a eso responde la adhesión al UPOV 91 y a atraer inversión extranjera, lo que aparece explícito en el proyecto de Ley que busca aplicarlo. Curioso que se busque fomentar más lo de afuera que lo propio. Lamentablemente todo lo que suena a potencia tiene un lado oscuro. Basta pensar en Estados Unidos (necesitaríamos años para enumerar las cosas feas que ha hecho y hacen los gringos para ser los “número 1” del mundo), China (potencia económica gracias a condiciones laborales que atentan contra el bienestar de los trabajadores) o Brasil (que deforesta e inunda la amazonia en busca de seguir su camino de potencia económica). Pareciera que lo que importa es llegar a la meta, sin importar el daño que se vaya generando en el camino. Al parecer si los disconformes son una “minoría”, no significan una merma económica para el progreso, no cuentan. Además que las vías alternativas de vida para las personas, o son escasas o difíciles de lograr considerando las responsabilidades diarias.
Ante el miedo de que se registren y limite el uso de especies nativas o milenarias, los promotores del UPOV 91, y de la Ley de Obtentores que duerme en el Congreso, argumentan que no sería posible, porque uno de los requisitos para patentar una nueva especie es que sea nueva, lo que descartaría a las semillas “históricas” al estar presentes en diversos estudios, registros, etc. Aún así, según detalló la FAO (organismo de la ONU encargado de la alimentación y agricultura), Chile es reconocido a nivel mundial a raíz de sus riqueza de especies, pero debido a que no existe un inventario con las mismas, en un informe elaborado hace algunos años, insta al país a que se realice. O sea que no se sabe bien las especies existentes. Mmmmmmm, que reconfortante.

Otro tema es el número de registros de semilla. El año 2012 había más de 700 registros de especies en el SAG, de los cuales más de 600 estaban en manos de empresas extranjeras, unos pocos en manos de INIA, y ninguno por parte de comunidades indígenas y campesinas.
Cada vez queda más claro que el desarrollo o progreso no es un fin superior por el que hay que pagar cualquier costo. Curiosamente, una vez más las comunidades indígenas se sienten atacadas por este proyecto, ya que conciben las semillas como un bien de libre uso, lo que ha permitido el desarrollo de las especies vegetales a lo largo de los siglos. Suena lógico, pero hoy en día se tiene que pagar para plantar. Pareciera que vivimos en una isla, donde tienen que venir organizaciones internacionales para decirnos lo mal que estamos en temas de desigualdad, racismo, trato a las etnias originarias, pobreza, entre tantas otras cosas, a pesar de que tengamos a varios doctorados en Harvard dentro del gobierno diciéndonos que vamos por el buen camino.

Si llegar a la meta y convertirse en una potencia o nación desarrollada como nos dicen las autoridades, significa la existencia de un solo camino, sin opciones para quienes quieren vivir o consumir de otra manera, no sé si muchos quisieran llegar al final, quizás sea más conveniente perderse por ahí y abrir caminos propios, libres y donde no todo sea mercado, ganancias, progreso y desarrollo, sino también tradiciones, identidad, felicidad y respeto por quienes no quieren vivir como la economía les dice o como sus autoridades les indican. Convivir es posible, solo hay que intentarlo, cada uno con sus deseos, sin obligar a los demás a vivir según su visión.

Por: Anibal Casanueva